El art. 9.1 LIRPF establece tres criterios alternativos, basta con cumplir uno: permanencia más de 183 días durante el año natural en territorio español (computando ausencias esporádicas salvo acreditación de residencia fiscal en otro país); que radique en España el núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta; o presunción iuris tantum de residencia cuando resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores dependientes, salvo prueba en contrario.

Cuando dos Estados consideran residente a la misma persona conforme a su normativa interna, los distintos CDIs recogen reglas de desempate («tie-breaker rules») en el art. 4.2 del Modelo de Convenio OCDE: vivienda permanente a su disposición; centro de intereses vitales (relaciones personales y económicas más estrechas); lugar de residencia habitual; nacionalidad; y, en último término, procedimiento amistoso entre autoridades competentes (art. 25 MC OCDE, «mutual agreement procedure»).

Cuando el certificado de residencia fiscal está expedido expresamente a efectos del Convenio de Doble Imposición aplicable, España no puede cuestionar su validez: el certificado acredita la residencia a los efectos del CDI y vincula a la Administración tributaria española en aplicación del propio convenio (STS de 12 de junio de 2023, rec. 915/2022, reiterada por STS de 15 de julio de 2025, rec. 4023/2023, que además reconoce al certificado presunción de validez iuris tantum). Es imprescindible que el certificado incluya esa mención expresa («a efectos del Convenio» / «for the purposes of the Convention» o equivalente); un certificado de residencia genérico, sin esa referencia al CDI, no produce ese efecto vinculante y sí puede ser cuestionado por la AEAT conforme a los criterios del art. 9 LIRPF.

No existe una lista cerrada en la norma; es un juicio de indicios ponderados: origen y cuantía de las rentas, localización de activos y patrimonio, sede de dirección efectiva de negocios, titularidad de inmuebles, cuentas bancarias y centro de gestión patrimonial. La DGT ha analizado supuestos característicos de renta dividida entre dos países (consulta vinculante V2558-25, de 18 de diciembre de 2025): tener más renta en el extranjero que en España no resuelve el criterio por sí solo, y la DGT remite la valoración fáctica a los órganos de gestión e inspección de la AEAT. Es un análisis caso por caso, no un umbral fijo.

Sí, es una presunción iuris tantum (art. 9.1 in fine LIRPF); se destruye acreditando residencia fiscal efectiva y separada del contribuyente en otro Estado, normalmente mediante certificado de residencia del otro país junto con prueba de vínculo económico y de permanencia real allí, y descartando también la existencia en España del centro de intereses económicos propio. La DGT exige que la prueba en contrario sea consistente con los demás criterios, no basta con el mero certificado.

En IRPF la residencia fiscal se determina por período impositivo completo: España no tiene un sistema de fraccionamiento del año (split-year) como el de otros países (salvo la regla especial de cambio de Comunidad Autónoma, que es un supuesto distinto). Si se cumple alguno de los criterios del art. 9 LIRPF durante cualquier parte del año natural, se tributa como residente por la totalidad del ejercicio, sin perjuicio del régimen de salida (exit tax, art. 95 bis LIRPF, aplicable solo a determinadas plusvalías latentes en participaciones significativas y a quienes hayan sido residentes al menos 10 de los últimos 15 ejercicios).

El art. 8.2 LIRPF establece que las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal (jurisdicción no cooperativa, en la terminología vigente) no pierden la condición de contribuyentes por IRPF, y siguen tributando por su renta mundial. La regla se aplica en el período impositivo del cambio y los cuatro siguientes, sin excepciones por tipo de actividad o relación laboral. Es una cláusula anti-abuso (trailing tax) cuya compatibilidad con el Derecho de la UE ha sido cuestionada por la doctrina cuando el destino es un territorio de la UE/EEE calificado como tal, aunque no existe jurisprudencia del TJUE que la haya anulado.

No. A diferencia de regímenes como el británico, España no permite dividir el año natural entre período de no residente y período de residente. Si se cumplen los criterios de residencia del art. 9 LIRPF en cualquier momento del año, se considera al contribuyente residente fiscal durante todo el ejercicio, con tributación por renta mundial desde el 1 de enero, no solo desde la fecha efectiva de llegada.

No. El NIE, el permiso de residencia o el empadronamiento son trámites de naturaleza administrativa o de extranjería, independientes de la residencia fiscal. Esta última se determina exclusivamente conforme a los criterios del art. 9 LIRPF (días de permanencia, centro de intereses económicos, presunción familiar), con independencia de la situación migratoria o del registro padronal del contribuyente.

El residente fiscal tributa por su renta mundial mediante declaración anual del IRPF (Modelo 100), con obligación adicional de declarar bienes en el extranjero (Modelo 720) si se superan los umbrales legales. El no residente tributa exclusivamente por las rentas obtenidas en territorio español, mediante el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (Modelo 210).